En menos de 24 horas, después de que el presidente Colombiano, Gustavo Petro, firmara el decreto que permite la Consulta Popular, ocho partidos de oposición interpusieron una acción ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad del acto istrativo.

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En el recurso, aseguran que el decreto presidencial viola la Constitución y representa una “peligrosa deriva autoritaria”.

Entre los argumentos jurídicos esgrimidos está la «violación del principio de soberanía popular y del debido proceso«, sumado a la extralimitación del presidente en sus funciones constitucionales y el desconocimiento del concepto previo obligatorio del Senado, que el 14 de mayo rechazó la propuesta de consulta.

Los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y sectores liberales advierten que el decreto debe ser suspendido provisionalmente para evitar erogaciones presupuestales irreversibles.

En paralelo, el presidente Petro advirtió que si la Corte Constitucional «tumba» el decreto, se abriría camino a otras vías democráticas. En entrevista con medios locales, afirmó que podría convocarse una Asamblea Nacional Constituyente si la consulta popular no prospera.

“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular, porque la sociedad colombiana merece participar directamente en definir su orden constituyente y transformar las estructuras injustas que han alimentado la desigualdad y la violencia”, afirmó Petro.

“Si se burlan de la consulta, no queda otro mecanismo que el pueblo, en elecciones, masivamente pida la Constituyente”, dijo el mandatario, aclarando que su mandato estaría por terminar para ese momento.

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, la consulta popular podría realizarse el próximo 7 de agosto, salvo que el Congreso acoja las reformas ya aprobadas en Cámara. El decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional para revisión.

En la víspera, el presidente Petro firmó el decreto que convoca a la consulta popular y lo envió a la Corte Constitucional para su validación, en una jornada en que sectores sociales marcharon a favor de realizar la consulta popular con el fin de modificar la legislación laboral y de salud. 

Posteriormente, durante un acto que tuvo lugar en la ciudad colombiana de Cali, el mandatario subrayó que «es absolutamente necesaria, porque ha contado con el apoyo del mundo, intelectual y político; y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha apoyado la reforma pensional. Dice que es justa, válida y que sería un progreso de la humanidad; porque la Constitución del 91 propuso un Estado Social de Derecho«.

En el pasado mes de mayo, el Senado colombiano negó la realización de la consulta popular propuesta por el Gobierno, con 49 votos en contra y 47 a favor.

Tras el hecho, el Gobierno colombiano y senadores del Pacto Histórico denunciaron irregularidades en el proceso, que condujo el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

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