La defensa de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (CFK) presentó un pedido ante la justicia argentina, tras fallo juridicial de la Corte Suprema contra la líder peronista, para que la condena impuesta, 6 años de prisión, se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, sin la utilización de tobillera electrónica.

La solicitud elevada al Tribunal Oral Federal 2 argumenta la necesidad de garantizar la seguridad de Fernández, quien actualmente tiene 72 años y fue objeto de un atentado en 2022.

Los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostienen en un escrito de 13 carillas que la detención en una cárcel común resultaría incompatible con los resguardos de seguridad que deben ser garantizados a una persona en la situación de la expresidenta.

Se argumenta que un eventual traslado a una prisión derivaría en un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, medidas que según la defensa contravienen los estándares constitucionales y convencionales en materia de ejecución penal.

En este sentido, se solicitó que la condena se cumpla en el departamento de San José 1111, donde Fernández de Kirchner reside con su hija Florencia.

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La defensa enfatiza que la presencia de custodia las 24 horas hace completamente innecesario el uso de una tobillera electrónica, a pesar de que este dispositivo está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

Por su parte, la fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, insiste en la inmediata detención de la exmandataria, considerando excesivo el plazo de cinco días hábiles otorgados por el juez Jorge Gorini del Tribunal Oral Federal 2 para que los condenados se presenten en Comodoro Py 2002 y queden detenidos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha sido requerido para buscar lugares adecuados para el alojamiento de los condenados hasta que se resuelvan los planteamientos de las partes.

La discusión sobre la modalidad de cumplimiento de la pena de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra ahora en manos de la justicia, que deberá ponderar los argumentos de la defensa en relación con la seguridad y la edad de la líder peronista frente a la postura de la fiscalía.

Esta condena, impuesta en diciembre de 2022 por un tribunal oral federal y que fue apelada por la defensa ante la Corte Suprema, se basa en la acusación de istración fraudulenta durante el mandato de Fernández (2007-2015) por el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública hacia el empresario Lázaro Báez.

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El caso ha sido objeto de controversia, con la defensa de CFK y la dirigente peronista denunciando una persecución judicial sistemática, organismos de derechos humanos señalando la ausencia de pruebas directas y la presencia de irregularidades procesales, así como líderes mundiales rechazando el episodio.

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